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Madrid, 1 feb (EFE)
- Los fabricantes estiman que el coste de retirar más de 3.500 toneladas
de piensos elaborados con proteínas animales y de harinas de carne
y hueso, que se encuentran almacenadas actualmente debido a la prohibición
comunitaria de comercializar estos productos, ascenderá a 200 millones
de pesetas. Así lo indicó a EFE el director de la Confederación
Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (Cesfac),
Pablo Aguirre, quien apuntó que espera que los acuerdos que cierren
con el Ministerio de Agricultura para financiar la retirada y destrucción
de estos productos compensen a la industria el coste de producción.
El Consejo de Ministros autorizará previsiblemente mañana al Ministerio
de Agricultura a que cierre acuerdos con los fabricantes de piensos
para proceder a la retirada y destrucción de los productos que se
encuentran almacenados. Aguirre señaló que las empresas integradas
en Cesfac, asociación que representa el 65 por ciento de la producción
de piensos compuestos en España, han remitido a los órganos competentes
de las Comunidades Autónomas una declaración de existencias de productos
que contienen proteínas animales elaboradas. Añadió que Cesfac tomó
esta iniciativa de forma unilateral para evitar problemas posteriores
como los que se están detectando ahora en las operaciones de control
del Servicio Español de Protección de la Naturaleza (Seprona) de
la Guardia Civil en algunas autonomías. Apuntó que Cesfac recomendó
a sus socios que realizaran declaraciones para justificar administrativamente
la tenencia de estos piensos prohibidos hasta que se encontrara
una solución para su retirada y destrucción definitiva. Aguirre
indicó que esta mercancía almacenada procede de los contratos cerrados
antes de la prohibición, aprobada el pasado 4 de diciembre en la
Decisión 2000/766 del Consejo Europea y que entró en vigor el 1
de enero 2001, que se ha quedado sin comercializar, lo que no significa
que esté a la venta. Dicha declaración especifica los productos
prohibidos que la empresa tiene almacenados (tipo, número de envase
o granel, kilos y precio) y la cuantificación económica de los mismos.
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Los productos
almacenados declarados se distribuyen en aditivos y premezclas (correctores
que contienen sustancias de origen animal), proteínas animales elaboradas
(harina de carne y hueso, harina de sangre, plasma desecado y otros)
y piensos que contienen estas materias proteicas. Las fábricas de
piensos solicitan en dicha declaración al consejero de Agricultura
de la Comunidad Autónoma correspondiente que, previo control oficial,
les sean retirados de sus almacenes las sustancias y productos mencionados
anteriormente, e ingresado en sus cuentas bancarias el importe del
coste de la medida. Aguirre manifestó que Cesfac garantiza la gestión
de los piensos y harinas de carne que se encuentran almacenadas en
las fábricas de sus socios, pero advirtió de que no pueden controlar
las existencias de estos productos en las explotaciones ganaderas.
El director señaló que el cambio en las formulaciones para sustituir
las proteínas animales por vegetales ha incrementado los costes de
producción en un diez por ciento, equivalente a 60.000 millones de
pesetas, y, consecuentemente, los precios finales de los piensos.
En cuanto al etiquetado de los piensos, Aguirre aseguró que los valores
analíticos de los competentes están especificados y que hasta la prohibición
comunitarias todas las etiquetas detallaban que la mercancía contenía
proteínas animales. Añadió que la Orden ministerial sobre comercialización
de piensos compuestos, aprobada en 1992, eliminó del etiquetado la
categoría que englobaba a todos los productos animales terrestres,
por lo que desde hace dos años las fábricas debían especificar cada
una de las sustancias de este tipo utilizadas. Aguirre indicó que
la demanda de piensos para ganado ha disminuido en estos meses, pero
achaca dicho recorte a que las abundantes precipitaciones de este
invierno ha aumentado la disponibilidad de pastos. Por otro lado,
Aguirre confirmó el cese de Manuel Mármol, asesor técnico de Cesfac,
por las declaraciones realizadas a un medio de comunicación, en las
que afirmaba que el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete,
ofreció a los fabricantes la posibilidad de exportar mercancías prohibidas
a terceros países, información "rotundamente falsa". |